HOJA INFORMATIVA: La administración Biden-Harris promueve la equidad y las oportunidades para las comunidades latinas en todo el país

La administración Biden-Harris continúa empoderando a la comunidad latina al ampliar el acceso a la atención médica, reducir los precios de los medicamentos para las personas mayores, aliviar la deuda de los estudiantes, crear empleos bien remunerados y reducir el desempleo hispano a su tasa más baja en la historia.

El presidente Biden tiene como prioridad garantizar que todas las familias y comunidades latinas puedan vivir con dignidad, respeto y alcanzar mayores oportunidades económicas. Las familias trabajadoras y empresas latinas fortalecen las comunidades en todo Estados Unidos y, con demasiada frecuencia, sus sacrificios y contribuciones como líderes en la comunidad, los negocios, la academia, el trabajo y el gobierno no son reconocidos. La administración Biden-Harris está trabajando para proteger y promover los derechos civiles, la protección de los votantes, la equidad racial y las oportunidades económicas para todos los latinos.

Durante el Mes Nacional de la Herencia Hispana, la administración Biden-Harris celebra el progreso realizado para promover las oportunidades en las comunidades latinas y se compromete una vez más en cumplir la promesa de equidad para todas las familias y comunidades latinas.

Oportunidad económica para familias y comunidades latinas. El presidente Biden promulgó tres leyes históricas: la Ley para la Reducción de la Inflación (IRA), el Plan de Rescate Económico (ARP) y la Ley Bipartidista de Infraestructura (BIL), para cumplir la promesa de garantizar mayores oportunidades para todos, incluidas todas las familias y comunidades latinas.

El Plan de Rescate Económico impulsó una recuperación económica históricamente sólida que aseguró que los trabajadores y las familias latinas no se quedaran atrás. Eso ha significado caídas récord en el desempleo para los trabajadores latinos, tasas históricamente bajas de morosidad en las tarjetas de crédito, que afectaron más a los prestatarios negros y latinos, ejecuciones hipotecarias y desalojos históricamente bajos, y pobreza infantil latina históricamente baja.

En recuperaciones anteriores más débiles del mercado laboral, los trabajadores latinos enfrentaron altas tasas de desempleo durante años. Gracias al Plan de Rescate Económico, el desempleo latino experimentó su mayor disminución anual registrada en 2021, y ha seguido disminuyendo en 2022. En 2021, el Crédito Tributario por Hijos ampliado y otras políticas en el Plan de Rescate Económico llevaron a una reducción del 43% en la pobreza infantil latina a mínimos históricos.

Las políticas y programas vitales de la administración Biden-Harris incluyen:

Construir una economía que funcione para las personas y familias latinas. La Ley para la Reducción de la Inflación (IRA) reduce los costos de los medicamentos recetados, los costos de atención de la salud y los costos de la energía. El presidente Biden y los demócratas del Congreso lucharon exitosamente para aprobar esta legislación histórica para ayudar a todos los estadounidenses, incluidos los latinos, quienes han estado en la primera línea del cambio climático, al reducir los costos, promover la justicia ambiental mientras se construye un futuro más limpio y expandir la economía para todos creando empleos sindicalizados bien remunerados en todo el país. La IRA también reducirá el déficit y pedirá a los multimillonarios y a las corporaciones que paguen la parte que les corresponde. Nadie que gane menos de $400.000 por año pagará un centavo más en impuestos.

Combatir el cambio climático y reducir los costos de la energía. La IRA reducirá los costos de energía para las familias latinas y creará miles de buenos empleos, al mismo tiempo que reducirá la contaminación climática y garantizará que tengamos un suministro de energía limpio y seguro en el futuro.

Hacer que las mejoras de eficiencia del hogar sean más asequibles: Las familias pueden ahorrar hasta un 30% con créditos fiscales para equipos eficientes de calefacción y refrigeración que les ahorrarán cientos de dólares en facturas de servicios públicos. Los hogares también pueden ahorrar hasta un 30% con créditos fiscales para proyectos de construcción de viviendas en ventanas, puertas, aislamiento u otras medidas de climatización que evitan que la energía se escape de los hogares. Cuando las familias necesitan reemplazar o mejorar estufas, hornos u otros electrodomésticos, pueden recibir reembolsos directos al comprar electrodomésticos más eficientes en el consumo de energía que pueden reducir las facturas futuras de servicios públicos en al menos $350 por año. Las familias en unidades de vivienda asequibles se beneficiarán de los recursos para apoyar proyectos que aumenten la eficiencia, mejoren la calidad del aire interior, realicen mejoras de energía o electrificación limpias, o fortalezcan su resiliencia climática.
Crear oportunidades económicas y empleos bien remunerados: La IRA estimula el desarrollo de proyectos solares en comunidades de justicia ambiental al proporcionar un crédito de bonificación del 20% para proyectos de energía solar en proyectos de viviendas asequibles con subsidio federal y un crédito de bonificación del 10% para proyectos de energía solar en comunidades de bajos ingresos. También crea un nuevo Acelerador de Sostenibilidad y Energía Limpia que generará instituciones financieras estatales y locales de energía limpia, respaldará el despliegue de tecnologías distribuidas de cero emisiones como bombas de calor, energía solar comunitaria y carga de vehículos eléctricos, a la vez que prioriza que más del 50% de sus inversiones se encuentren en comunidades desfavorecidas. La IRA amplía los créditos fiscales de energía limpia para energía eólica, solar, nuclear, hidrógeno limpio, combustibles limpios y captura de carbono e incluye créditos de bonificación para empresas que pagan a los trabajadores un salario vigente y contratan mediante programas de aprendizaje registrados, de modo que la energía limpia que usamos cree empleos bien remunerados.

Hacer el código tributario más justo. La ley fiscal de 2017 del presidente Trump y los republicanos en el Congreso solo empeoró un sistema tributario que ya era injusto.

Ley para la Reducción de la Inflación: La Ley para la Reducción de la Inflación de 2022 es un paso fundamental para hacer que nuestro código tributario sea más justo. Aumentará los ingresos al:
- Asegurar que las personas de altos ingresos y las grandes corporaciones paguen los impuestos que ya deben.
- Tomar medidas enérgicas contra las corporaciones grandes y rentables que actualmente no pagan su parte de impuestos federales sobre la renta.
- Imponer un recargo del 1% a las recompras de acciones corporativas, lo que alentará a las empresas a invertir.
Las reformas tributarias de la legislación no solo aumentarán los ingresos para financiar las inversiones que se necesitan de manera crítica para reducir los costos y combatir el cambio climático, sino que también son un componente importante para construir una economía que recompense el trabajo en lugar de la riqueza, y no permita que los ricos y poderosos se escapen usando un conjunto separado de reglas.

Inversiones críticas en familias y comunidades latinas en el Plan de Rescate Económico. Cuando el presidente Biden promulgó el Plan de Rescate Económico (ARP), brindó un salvavidas a millones de familias que estaban luchando a raíz de las consecuencias económicas de la pandemia.

Expansión histórica del Crédito Tributario por Hijos (CTC) – reducción de la pobreza infantil a mínimos históricos para los niños latinos: El Plan de Rescate Económico (ARP) amplió el Crédito Tributario por Hijos de 2021 para ayudar a las familias con los costos de criar a sus hijos y proporcionó los primeros pagos mensuales de un importante crédito fiscal. Antes del ARP, la mitad de todos los niños latinos vivían en familias con muy pocos ingresos para calificar para el Crédito Tributario por Hijos completo. La expansión del Crédito Tributario por Hijos 2021 del Plan de Rescate Económico ayudó a impulsar una reducción del 43% en la pobreza infantil latina en 2021, reduciéndola a mínimos históricos. El presidente Biden está comprometido con la lucha contra la pobreza infantil presionando para que el Congreso extienda permanentemente el Crédito Tributario por Hijos ampliado.
El Plan de Rescate Económico triplicó el EITC para 17 millones de trabajadores sin hijos a cargo: El Plan de Rescate Económico casi triplicó el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo para trabajadores sin hijos dependientes para 2021 de $540 a $1.500, y extendió el crédito a trabajadores jóvenes y mayores. Este fue el primer aumento en el crédito en términos reales desde 1993. Esta expansión ayudó significativamente a los trabajadores latinos: el 26% de todos los trabajadores que se espera que se beneficien son latinos.
Inversiones históricas para mantener a las familias en sus hogares. Las familias latinas se han enfrentado de manera desproporcionada a ejecuciones hipotecarias y desalojos en el pasado, y los vecindarios latinos enfrentan aproximadamente el doble de ejecuciones hipotecarias de todas las viviendas después de la Gran Recesión. Las políticas de la administración Biden-Harris han mantenido los desalojos y las ejecuciones hipotecarias históricamente bajos durante la pandemia.
- Enfrentando niveles históricos de inestabilidad de vivienda, el presidente Biden tomó medidas significativas, extender la moratoria de desalojo de los CDC tres veces y defender el primer programa de asistencia de alquiler de emergencia de $46 mil millones para detener los desalojos en todo el país.
- El programa ha ayudado a 7 millones de inquilinos y sus familias, y mantuvo las solicitudes de desalojo un 23% por debajo de los promedios históricos durante el último año. Más del 80 por ciento de la asistencia se destinó a inquilinos de bajos ingresos, y una parte se destinó a hogares latinos, según datos del Departamento del Tesoro.
Promoción de la equidad y las oportunidades económicas para los latinos a través de inversiones en infraestructura histórica. La Ley Bipartidista de Infraestructura aborda las disparidades económicas en nuestra economía y las consecuencias de décadas de desinversión en la infraestructura de los Estados Unidos que han afectado desproporcionadamente a las comunidades minoritarias. A través de inversiones esenciales, la legislación aumenta el acceso a empleos bien remunerados, Internet asequible de alta velocidad, transporte público confiable, agua potable limpia y otros recursos, para garantizar que todas las comunidades, incluidas las comunidades latinas, tengan una oportunidad justa de alcanzar el sueño americano.

Garantizar que los propietarios de viviendas latinos obtengan el valor total de sus viviendas. En marzo de 2022, el Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre Tasación de Propiedades y Valoración Equitativa (PAVE) de la administración Biden-Harris publicó el Plan de Acción PAVE, que representa el conjunto de reformas más amplio jamás presentado para promover la equidad en el proceso de tasación de viviendas. El Plan de Acción detalla un conjunto de más de 20 compromisos y acciones en todas las etapas del proceso de valoración, que incluyen: hacer que la industria de tasación sea más responsable; empoderar a los consumidores con información crítica y asistencia si reciben una valoración inferior a la esperada; prevenir el sesgo algorítmico en la valoración de viviendas; entrenar a los tasadores profesionales para que estén bien capacitados y se identifiquen con las comunidades a las que sirve; y aprovechar los datos y la experiencia federales para informar la política, la práctica y la investigación sobre el sesgo de tasación.

Proporcionar recursos para ayudar a las pequeñas empresas propiedad de latinos a crecer y prosperar. En enero de 2021, millones de pequeñas empresas se vieron obligadas a cerrar sus puertas debido al impacto combinado de la pandemia y los obstáculos que enfrentaron muchas empresas para acceder a programas de ayuda ante la pandemia. Las empresas propiedad de minorías fueron las más afectadas, según un estudio que descubrió que la cantidad de propietarios de comercios latinos disminuyó en casi un tercio durante los primeros dos meses de la pandemia. En respuesta, la administración Biden-Harris entregó más de $450 mil millones en ayuda de emergencia a más de seis millones de pequeñas empresas solo en 2021. Estas acciones han ayudado a impulsar un aumento sin precedentes en el espíritu empresarial.

En 2021, los empresarios hispanos emprendieron negocios al ritmo más rápido en más de una década y un 23 por ciento más rápido que los niveles previos a la pandemia. La Administración se compromete a continuar ayudando a las pequeñas empresas a crecer y crear empleos a largo plazo, ampliando el acceso al capital mediante la mejora de los programas emblemáticos de garantía de préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas (SBA) para ampliar la disponibilidad de pequeños préstamos en dólares y trabajando con los estados, territorios y gobiernos tribales para establecer préstamos y programas de inversión de capital a través de la Iniciativa Estatal de Crédito para Pequeñas Empresas del Departamento del Tesoro. Estos esfuerzos permitirán que el gobierno federal ofrezca más de $300 mil millones en préstamos e inversiones de capital hasta el final de la década. La administración Biden-Harris ha realizado importantes inversiones en la SBA, el Departamento del Tesoro y la Agencia de Desarrollo de Empresas Minoritarias para ayudar a los empresarios a acceder a los recursos de apoyo que necesitan para tener éxito, incluidos conocimientos técnicos, contadores y abogados.
Además, la Administración ha realizado inversiones por más de $8 mil millones a través del Programa de Inversión de Capital de Emergencia (ECIP) del Tesoro para apoyar a las instituciones financieras de desarrollo comunitario (CDFI) elegibles y a las instituciones de depósito de minorías (MDI) en el otorgamiento de préstamos a prestatarios y comunidades financieramente desatendidas, incluidas las comunidades minoritarias. Por ejemplo, Latino Community Credit Union, con sede en Carolina del Norte, recibió una inversión del ECIP de más de $99 millones.

Aprovechar las adquisiciones federales para reducir la brecha de riqueza racial para los empresarios y las familias latinas. Las adquisiciones federales son una de nuestras herramientas más poderosas para promover la equidad y crear riqueza en las comunidades desatendidas, pero solo alrededor del 10 por ciento del total de dólares de contratación elegibles de las agencias federales generalmente se destinan a pequeñas empresas desfavorecidas, una categoría bajo la ley federal para la cual las empresas propiedad de latinos se supone que califican. Reconociendo la importancia de utilizar el poder adquisitivo del gobierno para promover las oportunidades y la equidad, la administración Biden-Harris ha lanzado un esfuerzo intergubernamental para ampliar las oportunidades de contratación para las pequeñas empresas desatendidas, que establece una nueva meta de aumentar la proporción de contratos destinados a pequeñas empresas desfavorecidas al 15 por ciento para 2025. Se prevé que este esfuerzo se traduzca en $100 mil millones adicionales para empresas propiedad de minorías, ayudando a más estadounidenses a realizar sus sueños empresariales.

Proteger y empoderar a los trabajadores latinos. El Departamento de Trabajo (DOL) ha tomado una serie de medidas para promover entornos de trabajo seguros y empoderar a los trabajadores latinos en todo el país, que incluyen:

Aumentar los salarios de los trabajadores agrícolas. Aumentar el salario promedio nacional para los trabajadores agrícolas a $13,99 por hora, un aumento salarial del 4.5 por ciento con respecto al año anterior, y revertir una política dañina de “congelación de salarios” por 2 años implementada por la administración anterior.

Ampliar el alcance de los trabajadores. Lanzar una iniciativa que brinda divulgación y educación para proteger a los trabajadores esenciales de primera línea durante y después de la pandemia.

Proteger a los trabajadores latinos de la exposición al calor. Combatir los peligros asociados con la exposición al calor extremo, tanto en interiores como en exteriores, a través de medidas mejoradas de OSHA que protegen mejor a los trabajadores. Esta iniciativa beneficiará de manera desproporcionada a los trabajadores latinos que tienen más probabilidades de enfrentar la exposición al clima. OSHA está implementando una iniciativa de cumplimiento sobre los peligros relacionados con el calor, desarrolló un Programa Nacional de Énfasis en las inspecciones de calor y ha lanzado un proceso de elaboración de reglas para desarrollar un estándar de calor en el lugar de trabajo. Además, la agencia ha formado un Comité Asesor Nacional sobre Seguridad y Salud Ocupacional Grupo de Trabajo de Prevención de Lesiones y Enfermedades por Calor para proporcionar una mejor comprensión de los desafíos e identificar y compartir las mejores prácticas para proteger a los trabajadores.

Ampliar las oportunidades de capacitación laboral de alta calidad, incluso para trabajadores agrícolas migrantes y de temporada. La administración Biden-Harris se compromete a garantizar que los trabajadores latinos tengan acceso equitativo a buenos empleos en sectores en demanda, incluidos los necesarios para implementar la Ley de Bipartidista de Infraestructura, la Ley de Ciencias y CHIPS y la Ley para la Reducción de la Inflación. Esto incluye apoyar estrategias sectoriales centradas en los trabajadores para contratar, capacitar y retener mejor una fuerza laboral diversa, local y capacitada; y fortalecer los colegios comunitarios, los aprendizajes registrados y otras oportunidades de educación y capacitación de alta calidad que conducen a buenos empleos. Además, la Administración está utilizando el Programa Nacional de Capacitación Laboral para Trabajadores Agrícolas (NFJP), un programa dirigido a nivel nacional y administrado localmente, para brindar servicios a los trabajadores agrícolas migrantes y de temporada y sus dependientes. Como parte de este programa, los beneficiarios de la subvención de Servicios de carrera y capacitación ayudan a los trabajadores agrícolas y a sus dependientes a adquirir las habilidades necesarias para estabilizarse o avanzar en sus trabajos agrícolas u obtener empleo en nuevas industrias. Para el año del programa 2022, la Administración de Empleo y Capacitación se ha comprometido a proporcionar más de $88 millones a través de la NFJP, donde más del 75 por ciento de los participantes se identifican como hispanos o latinos.

Expandir el desarrollo de la fuerza laboral a través de $40 mil millones en fondos del Plan de Rescate Económico comprometidos con la fuerza laboral: Desde la aprobación de la ley, los estados, las localidades, las universidades comunitarias y las organizaciones locales han aprovechado los recursos del Plan de Rescate Económico para brindar capacitación, expandir las carreras profesionales, alentar más Aprendizajes Registrados, proporcionar bonificaciones de retención y contratación en industrias críticas y potenciar los esfuerzos para ayudar a los estadounidenses desatendidos y a aquellos que enfrentan barreras al empleo a conseguir buenos trabajos. Estas inversiones en la fuerza laboral, junto con el apoyo de nómina directo del Plan de Rescate Económico que ha salvado o restaurado puestos de trabajo en un amplio conjunto de industrias, han contribuido a un crecimiento récord del empleo desde que el presidente Biden asumió el cargo.

Por ejemplo: $40 millones del premio Build Back Better Regional Challenge para la West Texas Aerospace & Defense Manufacturing Coalition @ UT El Paso: La coalición de fabricación aeroespacial y de defensa del oeste de Texas, encabezada por la Universidad de Texas en El Paso (UTEP), recibió aproximadamente $40 millones para fortalecer las capacidades de fabricación aeroespacial y de defensa de Estados Unidos al integrar a los fabricantes tradicionales del oeste de Texas en la cadena de suministro aeroespacial y de defensa (A&D). Si bien la UTEP es líder nacional en capacitación aeroespacial con talentos de ingeniería muy diversos, la región pierde a estos trabajadores calificados que se dirigen a grupos más establecidos con mayores oportunidades laborales. La coalición West Texas Aerospace and Defense Manufacturing ha demostrado la capacidad de formar y educar a una fuerza laboral STEM diversa en una región que incluye una gran población rural y es 82 por ciento latina; esta estrategia les dará a esos trabajadores calificados la oportunidad de desarrollar sus carreras y sus negocios en el oeste de Texas.

Garantizar oportunidades educativas equitativas en las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado y una educación más allá de la escuela secundaria para estudiantes latinos. El presidente Biden ha brindado el apoyo necesario para permitir que todas las escuelas regresen a recibir clases en persona a tiempo completo; acelerar el rendimiento académico; abordar las necesidades de salud mental de los estudiantes; y construir comunidades escolares donde todos los estudiantes sientan que pertenecen. Al mismo tiempo, el presidente Biden ha trabajado para garantizar el acceso equitativo a una educación de alta calidad para los estudiantes latinos. Estas políticas y programas incluyen:

Garantía de oportunidades educativas para estudiantes latinos a través del alivio de préstamos estudiantiles. El presidente Biden cree que una educación posterior a la escuela secundaria debería ser la entrada a una vida de clase media, pero para muchos estudiantes latinos, el costo de los préstamos de la universidad es una carga de por vida que los priva de esa oportunidad. El presidente Biden lanzó un plan de tres partes para brindar tranquilidad a las familias trabajadoras de Estados Unidos mientras continúan recuperándose de las consecuencias de la pandemia de COVID-19.

Brindar alivio de la deuda específica para abordar los daños financieros de la pandemia, y cumplir el compromiso de campaña del presidente. El Departamento de Educación proporcionará hasta $20.000 en cancelación de deuda a los beneficiarios de la Beca Pell con préstamos del Departamento de Educación, y hasta $10.000 en cancelación de deuda a los beneficiarios que no sean de la Beca Pell. El 65% de los prestatarios latinos de pregrado son beneficiarios de la Beca Pell. Los prestatarios son elegibles para recibir este alivio si su ingreso individual es inferior a $125.000 ($250.000 para parejas casadas). Ninguna persona de altos ingresos ni hogar de altos ingresos (en el 5% superior de los ingresos) se beneficiará de esta acción. Al enfocar el alivio en los prestatarios con la mayor necesidad económica, las acciones de la administración ayudarán a reducir la brecha de riqueza racial.

Hacer que el sistema de préstamos estudiantiles sea más manejable para los prestatarios actuales y en el futuro al:
- Reducir los pagos mensuales a la mitad para préstamos de pregrado. El Departamento de Educación propone un nuevo plan de pago basado en los ingresos que protege a más prestatarios de bajos ingresos de realizar cualquier pago y limita los pagos mensuales para préstamos universitarios al 5% de los ingresos del prestatario, la mitad de la tasa que los prestatarios deben pagar ahora bajo la mayoría de los planes existentes. Esto significa que el pago promedio anual de préstamos para estudiantes se reducirá en más de $1.000 para los prestatarios actuales y futuros.
- Reparar el fallido programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF) al proponer una regla para que los prestatarios que han trabajado en una organización sin fines de lucro, en el ejército o en el gobierno federal, estatal, tribal o local, reciban el crédito apropiado para la condonación de préstamos. Estas mejoras se basarán en los cambios temporales que el Departamento de Educación ya ha realizado en el PSLF, en virtud de los cuales más de 175.000 servidores públicos ya han recibido la aprobación de más de $10.000 millones en condonación de préstamos.

Proteger a los futuros estudiantes y contribuyentes al reducir el costo de la universidad y responsabilizar a las facultades cuando aumenten los precios. El presidente lideró el aumento más grande de las Becas Pell en la última década: un aumento de $400 en la beca máxima para estudiantes en el año escolar 2022-2023. El presupuesto del año fiscal 23 también propuso duplicar la Beca Pell máxima para 2029 a casi $13.000. Para reducir aún más el costo de la universidad, el presidente continuará luchando para hacer que la universidad comunitaria sea gratuita. Mientras tanto, las universidades tienen la obligación de mantener precios razonables y garantizar que los prestatarios obtengan el valor adecuado por sus inversiones, en vez de deudas que no pueden pagar. Esta administración ha tomado medidas clave para fortalecer la rendición de cuentas, incluso en áreas donde la administración anterior debilitó las reglas, como por ejemplo responsabilizar a las universidades profesionales por dejar a sus estudiantes con montañas de deudas que no pueden pagar.

Apoyo a estudiantes universitarios e Instituciones de Servicio a Hispanos (HSI). El ARP proporcionó casi $40 mil millones en apoyo a las instituciones de educación superior para servir a los estudiantes y garantizar que el aprendizaje continúe durante la pandemia de COVID-19. Esto incluye aproximadamente $11 mil millones para HSI. Todos los estudiantes, independientemente de su ciudadanía, que cumplieron con los criterios apropiados fueron elegibles para recibir ayuda financiera del Fondo de Ayuda de Emergencia para la Educación Superior (HEERF). Además, como parte del compromiso de la administración de ayudar a las HSI a proporcionar un camino hacia las oportunidades para sus estudiantes, el presupuesto del año fiscal 23 solicitó un aumento de los fondos para ayudar a que las HSI y otras instituciones al servicio de las minorías (MSI), las escuelas profesionales y universidades históricamente afroamericanos (HBCU) y las escuelas profesionales y universidades tribales (TCU) amplíen su infraestructura de investigación y desarrollo.

Reapertura segura de escuelas. El Plan de Rescate Económico ha proporcionado más de $122 mil millones para ayudar a las escuelas de jardín de infantes a 12.º grado a continuar reabriendo sus aulas de manera segura. Casi 14 millones de estudiantes en el sistema de escuelas primarias y secundarias públicas de nuestra nación y casi 4 millones de estudiantes en educación postsecundaria son latinos. Los estudiantes latinos constituyen más del 27 por ciento de todos los estudiantes de prejardín de infantes a 12.º grado y casi el 20 por ciento de los estudiantes universitarios.

Restablecimiento de la Iniciativa de la Casa Blanca para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas para los hispanos. En septiembre de 2021, el presidente Biden firmó una Orden Ejecutiva que restablece la Iniciativa de la Casa Blanca para promover la equidad educativa, la excelencia y las oportunidades económicas para los hispanos. La Orden Ejecutiva ayuda a garantizar que, desde la primera infancia hasta el ingreso a la fuerza laboral, los estudiantes latinos, incluidos los DREAMers, puedan alcanzar su máximo potencial. La iniciativa abordará las desigualdades sistémicas que los estudiantes latinos continúan enfrentando en el sistema de educación pública de nuestra nación, que se han visto exacerbadas por la crisis de COVID-19; ayudará a desarrollar la capacidad en las instituciones que atienden a los estudiantes latinos, incluidas las instituciones que atienden a los hispanos; y promoverá la equidad educativa y las oportunidades económicas para los estudiantes, las familias y las comunidades latinas.

Esfuerzos para mejorar la salud en las comunidades latinas. El acceso a atención médica de calidad es fundamental para abordar las disparidades de salud en las comunidades latinas. El presidente Biden se compromete a garantizar resultados de salud equitativos para las comunidades, al mismo tiempo que se asegura de mantener bajos los costos para las personas y las familias. Estas políticas y programas incluyen:

Costos más bajos de medicamentos recetados para adultos mayores latinos a través de la Ley para la Reducción de la Inflación: Los estadounidenses pagan de 2 a 3 veces más por sus medicamentos recetados que las personas de otros países ricos. Los altos precios contribuyen a las desigualdades raciales y étnicas en salud. Entre los adultos mayores de 65 años, los beneficiarios latinos de Medicare tenían aproximadamente 1.5 veces más probabilidades que los beneficiarios blancos de tener problemas para pagar los medicamentos, y alrededor de 2 veces más probabilidades de no comprar las recetas necesarias debido al costo. La Ley para la Reducción de la Inflación ayudará a cerrar la brecha en el acceso a los medicamentos al mejorar la cobertura de medicamentos recetados y reducir los precios de los medicamentos en Medicare. La ley:

Limita la cantidad que las personas mayores tendrán que pagar por los medicamentos recetados que compran en la farmacia en $2.000 al año, brindando tranquilidad a las personas mayores de que ya no tienen que preocuparse por gastar miles y miles más en medicamentos recetados.
Limita la cantidad que las personas mayores tendrán que pagar por la insulina en $35 por el suministro de un mes.
Brinda acceso a una serie de vacunas gratuitas adicionales, incluida la vacuna contra el herpes zóster, para los beneficiarios de Medicare.
Reducirá aún más los costos de los medicamentos recetados para las personas mayores, ya que permitirá que Medicare negocie el precio de los medicamentos de alto costo y exigirá a los fabricantes de medicamentos que paguen a Medicare un reembolso cuando aumenten los precios más rápido que la inflación.

Reducción de las primas de seguro de salud y ampliación de la cobertura: Desde la implementación de las expansiones de cobertura de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio, la tasa de personas sin seguro entre los latinos disminuyó 11 puntos porcentuales, del 30 por ciento en 2013 a un mínimo del 19 por ciento en 2017. A pesar de ese progreso, casi 10.9 millones de hispanos no tenían seguro en 2019 antes de que el presidente Biden asumiera el cargo y 640.000 latinos cayeron en la “brecha de cobertura” y se quedaron sin cobertura porque el estado donde residían se negó a ampliar Medicaid. Desde que el presidente Biden asumió el cargo, la tasa de no asegurados ha alcanzado un numero histórico: 8% y 5.2 millones de estadounidenses han obtenido cobertura de seguro de salud. La Ley para la Reducción de la Inflación continúa los créditos tributarios más generosos de la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio contemplados en el Plan de Rescate Económico.
- La Ley para la Reducción de la Inflación asegura primas mensuales más bajas: el 80 por ciento de los latinos sin seguro tenía acceso a un plan por $50 o menos cada mes y el 69 por ciento pudo encontrar un plan por $0 por mes en 2021.
- Al continuar con las mejoras realizadas a través del ARP, la Ley para la Reducción de la Inflación ayudará a mantener disponible el seguro de salud gratuito o de bajo costo. Casi 700.000 latinos tendrán cobertura de seguro médico el próximo año, en comparación con antes de la IRA.

Protección de la salud pública: El cambio climático afecta desproporcionadamente a las comunidades de bajos ingresos y a las comunidades minoritarias. A través de la Ley para la Reducción de la Inflación, se crean Subsidios Globales de Justicia Ambiental y un programa dedicado a abordar la contaminación en las comunidades portuarias, donde la contaminación del aire es especialmente densa y mortal. También se financia una variedad de programas para reducir la contaminación del aire, incluido el monitoreo y la detección de cercas en inmediaciones de instalaciones industriales, sensores de calidad del aire en comunidades desfavorecidas, sitios de monitoreo de múltiples contaminantes nuevos y mejorados, y monitoreo y mitigación de emisiones de metano y estufas de madera. Estas subvenciones también ayudarán a proteger a nuestros niños con inversiones para monitorear y reducir la contaminación en las escuelas públicas en comunidades desfavorecidas.

Expansión del acceso a la atención de la salud para personas y familias latinas a través del Plan de Rescate Económico. El ARP también asignó $7.6 mil millones para los Centros de Salud Comunitarios (CHC), que atienden predominantemente a comunidades latinas y minorías. A través de las inversiones del ARP, el 69 por ciento de los adultos latinos sin seguro tienen acceso a un plan de prima cero y el 80 por ciento tiene acceso a un plan por menos de $50 al mes. Según los datos más recientes sobre personas sin seguro del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la cobertura basada en Exchange fue más alta entre los latinos (4.2 por ciento) que entre los caucásicos no latinos (3.7 por ciento) y los negros no latinos. (2.6 por ciento).

Protección contra el COVID-19 para los latinos. Debido a las desigualdades sistémicas en nuestra economía y sistema de salud, las comunidades latinas se han visto afectadas de manera desproporcionada por la pandemia de COVID-19. Desde su primer día en el cargo, el presidente Biden ha utilizado todas las herramientas para garantizar que todas las personas de nuestro país puedan acceder a vacunas seguras, gratuitas y convenientes; ampliar la elegibilidad para las pruebas; e invertir en una infraestructura de salud pública más equitativa para servir mejor a las comunidades minoritaria. Eso incluye trabajar con las farmacias para ampliar sus horarios y garantizar que los trabajadores tengan la oportunidad de vacunarse.

Ofrecer vacunas contra el COVID-19 nuevas y actualizadas de forma gratuita en decenas de miles de ubicaciones confiables, con citas convenientes y horarios sin cita previa: La administración ha asegurado más de 170 millones de dosis de las vacunas contra el COVID-19 actualizadas, que se pusieron a disposición de todos de forma gratuita en decenas de miles de lugares convenientes en todo el país, que incluyen farmacias, consultorios médicos, centros de salud y departamentos de salud estatales y locales. Todos pueden visitar Vacunas.gov para encontrar lugares con las vacunas nuevas y actualizadas cerca de ellos, con más lugares y citas disponibles en los próximos días y semanas.
Involucrar a organizaciones comunitarias para llegar a más personas con información confiable sobre las vacunas contra el COVID-19 nuevas y actualizadas. A partir de los exitosos esfuerzos que han administrado más de 600 millones de vacunas desde enero de 2021, el Departamento de Salud y Servicios Humanos está involucrando a organizaciones comunitarias nacionales, regionales y locales, incluidas aquellas con un fuerte alcance entre las comunidades de minorías raciales y étnicas, como la Alianza Nacional de Pastores Hispanos, para organizar exposiciones de salud comunitaria y campañas de vacunación en las ciudades. Esta colaboración continua ayudará a ir directamente a los sitios habituales de las personas y fomentar conversaciones con miembros confiables de sus comunidades.

Promoción de la seguridad pública y la confianza pública para las comunidades latinas. El presidente Biden cree que el aumento de la violencia armada que ha afectado a las comunidades de todo el país durante el último año y medio es inaceptable, y su administración se está moviendo con decisión para actuar con un enfoque de todo el gobierno. Los estadounidenses negros y latinos se ven perjudicados de manera desproporcionada por las consecuencias directas e indirectas de la violencia armada, que causa un trauma duradero para los niños, las familias y las comunidades. El presidente continúa pidiendo al Congreso que tome medidas para poner fin a esta epidemia de violencia armada. Pero él sabe que no podemos darnos el lujo de esperar un solo día mientras perdemos vidas, razón por la cual ha tomado más medidas para reducir la violencia armada que cualquier otro presidente en el mismo periodo de su administración. Estas políticas y programas incluyen:

Aprobar la primera ley de seguridad de armas con sentido común en 30 años. En junio de 2022, el presidente Biden promulgó la Ley Bipartidista de Comunidades Más Seguras. Esta ley incluye acciones esperadas por mucho tiempo y que salvarán vidas, incluida la financiación de la intervención en crisis, incluidas las leyes de bandera roja para mantener las armas fuera del alcance de las personas que son un peligro para sí mismas y para los demás; finalmente cerrando lo que se conoce como la “laguna legal del novio”, de modo que quien ataca a su pareja no puede comprar ni poseer un arma; requiere que los jóvenes de 18 a 21 años se sometan a verificaciones de antecedentes mejoradas; incluye la primera ley federal que categoriza el tráfico de armas y las compras ficticias como delitos federales distintos; aclara quién debe registrarse como comerciante de armas con licencia federal y realizar verificaciones de antecedentes antes de vender un arma; proporciona fondos históricos para abordar la crisis de salud mental de los jóvenes en este país, especialmente el trauma experimentado por los sobrevivientes de la violencia armada; e invierte en programas contra la violencia para trabajar directamente con las personas que tienen más probabilidades de cometer delitos con armas de fuego o convertirse en víctimas de delitos con armas de fuego. El presidente Biden propone aprovechar este progreso pidiendo al Congreso que prohíba las armas de asalto y los cargadores de alta capacidad, que se exija verificaciones de antecedentes para todas las ventas de armas y revocando la inmunidad de los fabricantes de armas.

Brindar financiamiento adicional para prevenir y combatir el crimen. El presupuesto del presidente para el año fiscal 2023 y su plan Estados Unidos Seguro solicita $17 mil millones para reclutar, capacitar y contratar agentes de policía de acuerdo con los estándares de la Orden Ejecutiva del Presidente para promover una vigilancia comunitaria segura, eficaz y responsable a fin de mejorar la confianza pública y la seguridad pública; e invertir en la prevención del delito y en una justicia penal más justa, incluso mediante la inversión de 20 mil millones en servicios que aborden las causas fundamentales del delito e incentivando la reforma de las leyes que aumentan el encarcelamiento sin arriesgar la seguridad pública.

Reformar las leyes federales sobre la marihuana para promover la equidad y la justicia en el sistema de justicia. Como dijo repetidamente el presidente Biden durante su campaña, nadie debería estar en la cárcel por usar o poseer marihuana. Enviar a personas a prisión por posesión de marihuana ha cambiado demasiadas vidas y ha encarcelado a personas por conductas que muchos estados ya no prohíben. Además, aunque las personas blancas, negras y latinas consumen marihuana a tasas similares, las personas negras y latinas han sido arrestadas, procesadas y condenadas a tasas desproporcionadas. Recientemente, el presidente tomó tres medidas para poner fin a este enfoque fallido y comenzar a corregir estos errores:

Anunciar un indulto de todos los delitos federales anteriores de posesión simple de marihuana, incluidos los delitos bajo la ley del Distrito de Columbia. Hay miles de personas que tienen condenas federales previas por posesión de marihuana, a quienes se les puede negar empleo, vivienda u oportunidades educativas como resultado. Esta acción contribuirá a aliviar las consecuencias colaterales derivadas de estas condenas.
Incentivar a todos los gobernadores a que perdonen los delitos estatales de posesión simple de marihuana, porque, así como nadie debe estar en una prisión federal únicamente por posesión de marihuana, tampoco nadie debe estar en una cárcel local o prisión estatal por ese motivo.
Solicitar al Secretario de Salud y Servicios Humanos y al Fiscal General que inicien el proceso administrativo para revisar de manera expedita cómo se cataloga la marihuana bajo la ley federal. Actualmente, la marihuana está clasificada en el Anexo I de la Ley de Sustancias Controladas, con la misma clasificación que la heroína y el LSD, y con una clasificación superior al fentanilo y la metanfetamina, las drogas que impulsan nuestra epidemia de sobredosis.

Finalmente, aun cuando cambie la regulación federal y estatal de la marihuana, deben mantenerse limitaciones importantes al tráfico, la comercialización y las ventas a menores de edad.

Fomentar una vigilancia policial segura, eficaz y responsable. En mayo de 2022, el presidente firmó una histórica orden ejecutiva (EO) para promover prácticas policiales y de justicia penal efectivas y responsables que generarán confianza pública y fortalecerán la seguridad pública. La policía no puede cumplir con su función de mantener seguras a las comunidades sin la confianza del público en la aplicación de la ley y el sistema de justicia penal. Sin embargo, hoy en día hay lugares en los Estados Unidos donde los lazos de confianza están desgastados o rotos. Para sanar como nación, debemos reconocer que los encuentros fatales con las fuerzas del orden han involucrado de manera desproporcionada a personas negras y a latinas. La EO del presidente Biden mejorará la confianza del público al promover la rendición de cuentas, la transparencia y los principios de igualdad y dignidad en la policía y el sistema de justicia penal en general. La EO exige medidas para todas las agencias federales encargadas de hacer cumplir la ley, aprovechando la autoridad directa del presidente sobre el poder ejecutivo. La EO también requiere el uso de herramientas federales, como orientación sobre las mejores prácticas, capacitación y asistencia técnica, y concesión de subvenciones para apoyar las reformas en las agencias de aplicación de la ley estatales, tribales, locales y territoriales que fortalecerán la confianza pública y mejorarán la seguridad pública en todo el país, incluida la creación de una nueva base de datos nacional sobre mala conducta policial, que asegura investigaciones oportunas y exhaustivas y una disciplina constante, que obliga a la adopción de políticas de cámaras corporales, prohíbe el uso de estrangulamientos y restricciones carotídeas a menos que se autorice la fuerza letal, restringe el uso de entrar a propiedades sin llamar, limita el uso de la fuerza, establece el deber de intervenir para detener el uso excesivo de la fuerza y brindar asistencia médica, reinventa la respuesta a las crisis e implementa capacitación anti-parcialidad y desescalada.

Mantener las armas especialmente peligrosas y los tiradores reincidentes fuera de nuestras calles. El Departamento de Justicia emitió una regla final para frenar la proliferación de armas fantasma, que son armas de fuego no serializadas y de fabricación privada que se recuperan cada vez más en las escenas del crimen. El Fiscal General ordenó a todas las Oficinas del Fiscal Federal en todo el país que aumentaran los recursos dedicados a las estrategias de delitos violentos específicas del distrito.

Mantener las armas fuera del alcance de las manos equivocadas. El Departamento de Justicia publicó una legislación modelo sobre órdenes de protección contra riesgos extremos para facilitar que los estados que deseen adoptar estas leyes de alerta roja lo hagan. El Departamento de Justicia también emitió una serie de reformas: el primer volumen de su nuevo informe completo sobre comercio y tráfico de armas de fuego; una nueva política para subrayar la tolerancia cero para las violaciones deliberadas de la ley por parte de los traficantes de armas de fuego con licencia federal que ponen en riesgo la seguridad pública; y el lanzamiento de cinco nuevas fuerzas de ataque de las fuerzas del orden público enfocadas en abordar importantes corredores de tráfico de armas de fuego que han desviado armas a Nueva York, Chicago, Los Ángeles, el Área de la Bahía y Washington, DC.

Continuar el progreso para reducir la violencia en las comunidades. El presidente Biden pidió a las ciudades y a los estados que utilicen los fondos del Plan de Rescate Económico para reducir los delitos con armas de fuego y otros delitos violentos, incluso mediante la inversión en intervenciones y prevención de la violencia comunitaria. Hasta mayo de 2022, se habían comprometido $10 mil millones en fondos del Plan de Rescate Económico para la seguridad pública y la prevención de la violencia, incluidos al menos $6.5 mil millones en fondos estatales y locales comprometidos para más de la mitad de los estados y más de 300 comunidades en todo el país. Además, cinco agencias federales realizaron cambios en 26 programas diferentes para dirigir un apoyo vital a los programas de intervención de violencia en las comunidades lo más rápido posible.

Mejorar y reformar nuestro sistema de inmigración. Después de cuatro años de caos y crueldad bajo la administración anterior, el presidente Biden se ha centrado en reconstruir nuestro sistema de inmigración y garantizar que sea más justo, humano y ordenado, lo que incluye:

Pedir al Congreso que apruebe una legislación de reforma migratoria. En su primer día en el cargo, el presidente envió al Congreso su visión de la reforma migratoria. La Ley de Ciudadanía de los Estados Unidos es una legislación integral que crearía un camino hacia la residencia permanente y la ciudadanía eventual para casi 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven y contribuyen a nuestro país. El plan del presidente modernizaría nuestro sistema de inmigración y brindaría recursos para administrar responsablemente nuestras fronteras, al mismo tiempo que abordaría las causas profundas de la migración. El presidente Biden y la vicepresidenta Harris han expresado en repetidas ocasiones su firme apoyo a la legislación que protegería a los Dreamers, los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), los trabajadores agrícolas y los trabajadores esenciales, y permitiría abrir caminos tan esperados hacia la residencia permanente y la eventual ciudadanía para esos grupos.

Promover la naturalización. El presidente Biden se compromete a hacer que el proceso de naturalización sea más accesible para los no-ciudadanos elegibles, ordenando al Fiscal General, al Secretario de Seguridad Nacional y al Secretario de Estado que mejoren el proceso de naturalización, identifiquen y eliminen las barreras para la naturalización, y reduzcan los retrasos en las solicitudes de naturalización. Para lograr estos objetivos, el presidente también estableció un grupo de trabajo interinstitucional para promover la naturalización. En el año fiscal 2022, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los EE. UU. (USCIS) otorgó casi $60 millones en subvenciones a 66 organizaciones para brindar recursos de preparación para la ciudadanía, apoyo e información a inmigrantes y organizaciones que sirven a inmigrantes.

Proteger a los Dreamers y a los beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA). En su primer día en el cargo, el presidente Biden emitió un Memorando Presidencial en el que instruye al Secretario de Seguridad Nacional, en consulta con el Fiscal General, a tomar medidas para preservar y fortalecer la política DACA de 2012, según la cual los jóvenes inmigrantes indocumentados elegibles reciben protección temporal a una deportación y autorización de trabajo. En respuesta a esta directiva, el 24 de agosto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó recientemente una regla que codifica la política de DACA de 2012 en las regulaciones de USCIS. La administración Biden-Harris continúa su lucha para preservar DACA en los tribunales, al tiempo que pide al Congreso que promulgue una legislación que brinde protección permanente a los Dreamers.

Reunificar las familias separadas. Menos de dos semanas después de asumir el cargo, el presidente Biden emitió una Orden Ejecutiva que estableció una iniciativa interinstitucional para reunir a las familias separadas en la frontera suroeste por la administración anterior bajo su llamada “política de tolerancia cero”. La administración Biden-Harris ahora ha reunificado con éxito a más de 500 niños con sus familias. El Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar continúa identificando e involucrando a las familias que fueron separadas para garantizar que conozcan el proceso de reunificación y que cuenten con el apoyo disponible, incluidos los servicios de salud mental que se necesitan de manera crítica para abordar el trauma que han sufrido. La administración seguirá trabajando incansablemente para cumplir el compromiso del presidente Biden de reunir a los niños separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México.

Reincorporar y ampliar el Programa de Menores Centroamericanos (CAM). El DHS y el Departamento de Estado han restablecido y mejorado el Programa de Menores Centroamericanos (CAM), que permite que los padres y tutores legales de ciertos niños que son ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras soliciten el estatus de refugiado o la admisión provisional, y el posible reasentamiento en los Estados Unidos. Como parte de un enfoque por etapas, el DHS y el estado están reabriendo casos que se cerraron cuando el CAM finalizó en 2018 y han ampliado la elegibilidad de aquellos que pueden solicitar el acceso de sus hijos al Programa de Admisión de Refugiados de los Estados Unidos.
Ampliar el TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua. DHS anunció la extensión de las designaciones de TPS para El Salvador, Honduras y Nicaragua hasta el 31 de diciembre de 2022.
Designar a Venezuela para TPS. En marzo de 2021, DHS designó a Venezuela para TPS por 18 meses, y en julio de 2022, extendió TPS por 18 meses adicionales, hasta marzo de 2024. Esto permite que los ciudadanos venezolanos que han residido en los Estados Unidos desde el 8 de marzo de 2021 puedan solicitar y recibir TPS si cumplen con los requisitos de elegibilidad.
Apoyar a los veteranos inmigrantes. El Departamento de Asuntos de los Veteranos (VA) se ha asociado con el DHS para brindar la atención y los servicios necesarios a los veteranos deportados, incluida información oportuna y precisa sobre los servicios de inmigración. Además, DHS estableció un centro en línea para consolidar los recursos federales para veteranos inmigrantes, que incluye un portal para veteranos deportados que solicitan permiso para regresar a los Estados Unidos o acceder a los beneficios de veteranos a los que pueden tener derecho.

Lanzar una iniciativa de todo el gobierno para promover la equidad y la justicia para las comunidades desatendidas, incluidas las comunidades latinas. En su primer día en el cargo, el presidente Biden firmó la histórica Orden Ejecutiva sobre Diversidad, Equidad, Inclusión y Accesibilidad en la Fuerza Laboral Federal, que establece una iniciativa intergubernamental para promover la equidad y la justicia para las comunidades que históricamente han sido desatendidas, marginadas y afectadas negativamente por la pobreza y la desigualdad persistentes, incluidas muchas comunidades latinas. El presidente instruyó a todas las agencias a promover la equidad mediante la adopción de medidas integrales para erradicar el sesgo de los programas y las políticas federales, comprometerse con las comunidades desatendidas y garantizar que los recursos federales lleguen equitativamente a todos los estadounidenses, incluidos los latinos.

Proteger la integridad del censo. Después de años de intentos de politizar el conteo del censo de cada diez años, el presidente Biden les dio a los profesionales de carrera de la Oficina del Censo el tiempo y el espacio que necesitaban para entregar un conteo exacto de cada estadounidense. Los resultados del Censo 2020 reflejan la diversidad histórica del país, y la Oficina del Censo ha realizado mejoras en la recopilación de datos para que puedan revelar mejor la naturaleza multifacética de las comunidades latinas en crecimiento.

Apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación del huracán Fiona en Puerto Rico. En respuesta al huracán Fiona, el presidente Biden aprobó una Declaración de Emergencia antes de que el huracán tocara tierra e inmediatamente aprobó la solicitud del Gobernador de Puerto Rico de una Declaración de Desastre Mayor para Asistencia Individual y Pública, que autorizó a FEMA a brindar asistencia para medidas de emergencia para salvar vidas y proteger la propiedad, la salud y la seguridad pública, además de financiar medidas de protección de emergencia. Se enviaron al lugar más de 7 millones de litros de agua, más de 4 millones de comidas preparadas, más de 215 generadores, más de 100.000 lonas, más de 28.000 cobertores de plástico y más de 10.300 catres y otros suministros de emergencia, que estuvieron disponibles de manera inmediata para las personas y familias. El Presidente también autorizó el 100% de los Costos Federales para el Gobierno de Puerto Rico para apoyar la Asistencia Pública durante 30 días. Este apoyo crítico proporcionará 100% de fondos federales para la remoción de escombros y las medidas de protección de emergencia, y ayudará a Puerto Rico a comenzar su recuperación sin agregar una carga financiera adicional a las comunidades que están trabajando para recuperarse. La administración Biden-Harris también aumentó la Asistencia para Necesidades Críticas de $500 a $700 para apoyar a las personas y familias desplazadas con necesidades inmediatas o críticas, como agua, alimentos, apoyo médico, fórmula infantil, artículos de higiene personal y combustible para el transporte.

La Administración Federal de Carreteras del Departamento de Transporte de los Estados Unidos anunció la disponibilidad inmediata de $8 millones en fondos de Ayuda de Emergencia para uso de la Autoridad de Carreteras y Transporte de Puerto Rico. Los fondos compensarán los costos de los trabajos de reparación necesarios como resultado de los daños por inundaciones y deslizamientos de tierra en carreteras y puentes.

En 2021, la administración Biden-Harris desbloqueó más de $9 mil millones de dólares en fondos federales para desastres para Puerto Rico que ayudarán a reconstruir después de desastres naturales y fortalecerán la isla contra futuras tormentas. Para asegurarse de que los puertorriqueños tengan el apoyo que necesitan para salir adelante, el Plan de Rescate Económico arregló permanentemente el tratamiento desigual a Puerto Rico bajo el Crédito Tributario por Hijos y el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo, brindando a los trabajadores y familias miles de dólares en desgravación fiscal.

En julio de 2021, la Casa Blanca estableció el Grupo de Trabajo Federal sobre Puerto Rico, una iniciativa a nivel de gabinete y de todo el gobierno para asociarse con Puerto Rico para invertir en infraestructura moderna y resistente, apoyar el desarrollo económico inclusivo, ampliar la educación y las oportunidades laborales, y puso a la isla en camino hacia la prosperidad futura. En septiembre de 2021, la administración Biden-Harris anunció que Puerto Rico recibiría $3 mil millones por año en fondos de Medicaid del gobierno federal a perpetuidad, apoyando la provisión de atención médica asequible y de calidad para los residentes de Puerto Rico.

Invertir en resiliencia climática a largo plazo en Puerto Rico a través de la Ley Bipartidista de Infraestructura y el Plan de Rescate Económico: El Plan de Rescate Económico y la Ley Bipartidista de Infraestructura juntos brindan la oportunidad de realizar una inversión histórica en la infraestructura de Puerto Rico para reforzar la resiliencia contra el cambio climático y los eventos climáticos extremos en el futuro. Hasta la fecha, se han asignado más de $184 millones de la Ley Bipartidista de Infraestructura a Puerto Rico para la resiliencia de la infraestructura en 2022, incluidos $163 millones en fondos para la Restauración del Canal Caño Martín Peña del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Puerto Rico ha invertido $223 millones en fondos del Plan de Rescate Económico para mejoras y mantenimiento del agua, con $130 millones adicionales para la restauración del canal Caño Martín Peña, $28 millones para mejorar la infraestructura de bombeo hidráulico y $65 millones en asistencia para la autoridad del agua y el alcantarillado de Puerto Rico para hacer mejoras y mantener la infraestructura existente. Además, Puerto Rico ha invertido $279 millones en fondos del Plan de Rescate Económico para realizar reparaciones importantes en los edificios escolares dañados por tormentas pasadas.

Se asignaron $38 millones adicionales a Puerto Rico en 2022 para bajar los gastos de energía en virtud de la Ley Bipartidista de Infraestructura. El Programa de asistencia de climatización ayuda a las familias de bajos ingresos a reducir los gastos de energía del hogar. Los ejemplos de climatización incluyen sistemas de refrigeración, accesorios de iluminación y electrodomésticos más eficientes, instalación de calentadores de agua solares y medidas para reducir el uso de agua caliente.

Apoyo a las necesidades de infraestructura crítica en Puerto Rico: La Ley Bipartidista de Infraestructura ya está dando resultados para el pueblo de Puerto Rico, realizando inversiones críticas que mejorarán vidas, ayudarán a crecer la economía, posicionarán a la Isla para el éxito y llegarán a todas las comunidades, incluidas las comunidades rurales y las poblaciones históricamente desatendidas. Hasta la fecha, se han anunciado más de $688 millones en fondos de la Ley Bipartidista de Infraestructura que se destinarán a Puerto Rico. Solo en 2022, Puerto Rico recibirá más de $380 millones para transporte e invertir en carreteras, puentes, transporte público, puertos y aeropuertos y más de $78 millones para agua limpia. Y, al día de hoy, más de 505.000 hogares en toda la Isla están recibiendo Internet asequible gracias a la Ley Bipartidista de Infraestructura.

La Ley Bipartidista de Infraestructura también hace inversiones significativas para aumentar la resiliencia de la red eléctrica de Puerto Rico. El programa de subvención de la fórmula de Prevención de cortes y mejora de la resiliencia de la red eléctrica del Departamento de Energía asigna $3.7 millones en 2022 a Puerto Rico para mejorar la resiliencia de la red eléctrica frente a eventos disruptivos. El Programa Estatal de Energía del Departamento también asigna $4.7 millones a Puerto Rico para mejorar la seguridad energética, promover iniciativas estatales de energía limpia y aumentar la asequibilidad de la energía.

Puerto Rico ha realizado inversiones de $223 millones en Infraestructura Hídrica con fondos del Plan de Rescate Económico:
- $130 millones para realizar inversiones en agua e infraestructura como parte de la restauración del Caño Martín Peña, un canal en el área de San Juan con riesgos de inundación y contaminación.
- $28 millones para mejorar la infraestructura de bombeo hidráulico para reducir las inundaciones: para realizar mejoras en 14 estaciones de bombeo de inundaciones para aumentar la resiliencia ante inundaciones y tormentas.
- $65 millones en asistencia a la autoridad de agua y alcantarillado de Puerto Rico para mejoras y mantenimiento.

Además, Puerto Rico ha invertido $279 millones en fondos del Plan de Rescate Económico para realizar reparaciones físicas en los edificios escolares: El Programa de Mejoras a las Instituciones Educativas tiene como objetivo reparar el daño estructural de las escuelas causado por desastres naturales para que los estudiantes puedan regresar a la instrucción presencial. Hasta julio de 2022, Puerto Rico había completado 230 escuelas y reparado 26.425 columnas en instituciones educativas.
Expansión permanentemente del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario por Hijos para Puerto Rico a través del Plan de Rescate Económico: Antes del Plan de Rescate Económico, la tasa de pobreza infantil de Puerto Rico era del 50% o más, pero solo el 10% de las familias con niños eran elegibles para el Crédito Tributario por Hijos porque solo aquellos con 3 o más hijos calificaban. ARP eliminó esa restricción de forma permanente y, como resultado, en esta temporada de impuestos, el 97% de las familias de Puerto Rico son elegibles para el crédito ampliado. Esto llega en un momento en que por fin nos hemos asegurado de que los trabajadores en Puerto Rico también reciban un trato más justo por parte del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC). Antes de este año, el EITC administrado localmente por Puerto Rico, cuando estaba disponible, nunca había recibido apoyo federal y, como resultado, el crédito era significativamente menor que el EITC federal. Si bien los trabajadores de Puerto Rico seguirán reclamando su EITC a través de su gobierno del Estado Libre Asociado, el Plan de Rescate Económico está ayudando a Puerto Rico a financiar una expansión espectacular del crédito. El Plan de Rescate Económico está proporcionando $600 millones en dólares federales anuales además de $200 millones en dólares de los impuestos de Puerto Rico, lo que le permite a Puerto Rico triplicar con creces los beneficios del EITC disponibles para los trabajadores. Esta expansión aumentó el EITC máximo para una familia con dos hijos de $1.500 a $5.500, lo que pone al crédito en línea con el beneficio máximo disponible para una familia similar que vive en otros lugares de los Estados Unidos.

Asistencia de alquiler de emergencia para más de 100.000 familias de Puerto Rico: Hasta junio, Puerto Rico había distribuido $179 millones en Asistencia de Emergencia para el Alquiler a través de 105.000 pagos a Inquilinos de Puerto Rico y sus familias.

Apoyo histórico a pensiones sindicales en dificultades en Puerto Rico: El programa de Asistencia Financiera Especial del Plan de Rescate Económico para restaurar la solvencia de los planes de pensión en dificultades está proporcionando $28 millones al plan de pensión GWU Local 610 con sede en San Juan, asegurando que los más de 2.600 trabajadores de la hospitalidad y jubilados cubiertos por el plan recibirán durante las próximas décadas los beneficios que han ganado.

Además de utilizar los fondos del Plan de Rescate Económico para invertir en resiliencia e infraestructura hídrica, Puerto Rico ha invertido fondos del ARP en otras áreas críticas:

Más de $500 millones para el pago de primas para trabajadores de primera línea: Puerto Rico ha invertido $436 millones en pago de primas para trabajadores esenciales del sector público y trabajadores de primera línea del sector privado y $90 millones en pago de primas para trabajadores de hospitales.
$143 millones para el programa de respuesta inmediata ante emergencias: para ayudar a los gobiernos locales a mantener los servicios esenciales y mantener a los socorristas en el trabajo.
$152 millones para asistencia de emergencia a municipios, lo que brinda a los municipios asistencia de último recurso, para eliminación de desechos, mantenimiento de caminos, seguridad pública y otros servicios.
$50 millones para reparaciones de viviendas de bajos ingresos: para mejorar las condiciones de vida de las familias de Puerto Rico al eliminar los peligros relacionados con la salud y la seguridad de las viviendas.
$76 millones para la empresa de servicios públicos del Estado Libre Asociado: Este programa proporciona fondos a la Autoridad de Energía de Puerto Rico para comprar combustible adicional y brindar mantenimiento a los generadores para satisfacer la mayor demanda de electricidad, banda ancha y agua.
$100 millones para reparaciones y mantenimiento de carreteras: Este programa proporciona al Departamento de Transporte y Obras Públicas (DTOP) hasta $25 millones por año para el año fiscal 2022, año fiscal 2023 y año fiscal 2024 para el mantenimiento de carreteras con $25 millones adicionales en el año fiscal 2022 para comprar el equipo necesario.

Designación de un gabinete y una administración históricamente diversos. La administración Biden-Harris incluye líderes latinos rompiendo barreras históricas. El Secretario Alejandro Mayorkas es el primer latino e inmigrante en servir como Secretario de Seguridad Nacional, y el Secretario Xavier Becerra es el primer latino en servir como Secretario de Salud y Servicios Humanos. La administradora Isabella Guzmán dirige la Administración de Pequeñas Empresas, el secretario Miguel Cardona dirige el Departamento de Educación, Julie Chavez Rodriguez es la asesora principal y asistente del presidente y directora de la Oficina de Asuntos Intergubernamentales de la Casa Blanca, Emmy Ruiz es la asistente del presidente y Directora de Estrategia Política y Enlaces de la Casa Blanca, y Robert Santos es el primer latino y la primera persona de una comunidad minoritaria en ser Director de la Oficina del Censo de los Estados Unidos.

El presidente Biden ha reunido la administración más diversa en la historia de nuestra nación y se enorgullece de servir junto con el 15 por ciento de todos los designados que se identifican como latinos o hispanos, y el 32 por ciento de todos los designados que son ciudadanos naturalizados o hijos de inmigrantes.

Diversificación del sistema judicial federal. La administración Biden-Harris está trabajando para garantizar que los nominados al sistema judicial reflejen la creciente diversidad de nuestra nación. Hasta la fecha, el 21% de los nominados judiciales federales del presidente para el Tribunal de Circuito de Apelaciones, los Tribunales de Distrito y el Tribunal de Reclamaciones Federales son latinos, incluidos muchos confirmados históricos: La jueza Myrna Pérez es la única latina activa en el Segundo Circuito y la segunda latina en servir (la primera fue la jueza Sonia Sotomayor) en el Segundo Circuito. El juez Salvador Mendoza es el primer juez hispano en servir en el Noveno Circuito del Estado de Washington. La jueza Ana de Alba es la primera latina en servir en el Distrito Este de California. La jueza Nancy L. Maldonado es la primera latina en servir como jueza de un tribunal de distrito federal en Illinois; y el juez Armando Bonilla es el primer juez hispano en servir en el Tribunal de Reclamaciones Federales.

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